Tras cuatro meses de su término, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se encuentra nuevamente en el centro del debate político nacional tras una propuesta del diputado Jaime Naranjo la cual busca restaurar el beneficio para apoyar a las familias del país en medio de la crisis económica y de la pandemia, con el denominado IFE de invierno.
De hecho, el parlamentario tiene como objetivo que el mismismo Presidente Gabriel Boric sea quien impulse el proyecto, para de esta forma «no caer en el error del gobierno de Sebastián Piñera, que se llegó tarde y de manera insuficiente».
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¿Quiénes y cuándo se podría postular al IFE de invierno?
En este sentido, la propuesta del diputado socialista es formalmente una solicitud al gobierno, por lo tanto no es un proyecto de ley o de carácter resolutivo. Asimismo, hasta que un parlamentario presente una iniciativa legal, dentro del Congreso no se tramitará la reinstauración del IFE de invierno.
Es más, en caso que el Gobierno llevará adelante la solicitud, Jaime Naranjo considera que los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) debieran entregarse durante los meses de invierno, es decir durante junio, julio y agosto.
«Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar la crisis son una buena señal, pero aún son insuficientes para abordar la grave situación que viven las familias vulnerables y que no tienen trabajo (…) a las cuales muchas de esas ayudas no les van a llegar», planteo el diputado.
En relación a los montos, Naranjo complementó que «quizá los montos del IFE pueden ser menores a los que en algún momento se establecieron». Esto en comparación al 2021 cuando el beneficio entregó un monto máximo de $887 mil pesos para las familias compuestas por diez o más personas.
«Lo importante es que el 60% más vulnerable de nuestro país no quede en una situación de abandono ni de olvido frente a esta crisis sanitaria y económica que aún persiste», complementó el parlamentario socialista.
Por último, a diferencia de lo que fue el año pasado, el eventual IFE de invierno no tendría el carácter de universal, sino que sería focalizado para las familias pertenecientes al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.